Después de varios meses de espera, la Corte Constitucional, a través de reciente comunicado, determinó que la decisión del legislador de disponer de los recursos del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) para que sean utilizados por el Gobierno Nacional, por las cajas de compensación familiar y por los operadores del mecanismo de protección al cesante para financiar los planes, proyectos y programas sociales de beneficio general allí establecidos infringen tanto el principio de reserva de ley en materia tributaria como el mandato de destinación sectorial de las contribuciones parafiscales. Así las cosas, se declaró inexequible el inciso 2º del artículo 77 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (M. P. Luis Guillermo Guerrero).