Las decisiones presupuestarias y las relacionadas con la ejecución de obras realizadas por la administración son públicas, pues no están consagradas legalmente como situaciones en las que deba restringirse el acceso a la información. Así lo advirtió la Corte Constitucional al precisar que otra de las razones para que estas informaciones sean públicas consiste en que facilitan el control ciudadano sobre ese tipo de actividades y constituyen una forma de garantizar que las autoridades públicas son transparentes. La corte conoció una acción de tutela que solicitaba la protección del derecho de petición interpuesto contra un centro penitenciario que no dio información sobre la construcción de un comedor en una zona donde funcionaba una biblioteca. El alto tribunal aclaró que en este caso no se podía negar la información aduciendo la seguridad del establecimiento y la seguridad nacional (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).