Un fallo reciente de la Corte Constitucional señala que pueden darse circunstancias en las cuales el principio de solidaridad adquiere una importancia en su aplicación, en especial para el juez constitucional, cuando este debe ocuparse del estudio de casos en los cuales ambas partes del conflicto son sujetos de especial protección constitucional por ser adultos mayores, tener complicaciones de salud y/o estar atravesando por situaciones económicas precarias que dificultan su subsistencia en condiciones dignas. Frente a ese tipo de eventualidades en las cuales la concesión del derecho al pago de la mesada pensional afecta el mínimo vital de la otra que apenas cuenta con los recursos para vivir dignamente, precisa el fallo, es necesario “ponderar los derechos enfrentados y de apreciar desde una perspectiva integral las implicaciones del remedio constitucional que le daría solución al caso concreto” (M. P. José Fernando Reyes).