La Corte Constitucional recordó que existe una gran variedad de instrumentos internacionales, muchos de los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad, que imponen obligaciones a la familia, a la sociedad y principalmente al Estado para garantizar el derecho a la educación, máxime si se trata de niños, adolescentes y personas con alguna clase de minusvalía. Por esta razón, concluyó que la acción de tutela es el mecanismo procedente para proteger los derechos de las personas con discapacidad cuando no se les otorgue oportuna y adecuadamente el acceso a su derecho fundamental a la educación. En el caso concreto, la corte ordenó que se garantizara el acceso a la educación de un menor con discapacidad a través, entre otras opciones, del servicio social estudiantil obligatorio, dado que es una herramienta que materializa el carácter de función social de la educación (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).