La intervención del Ministerio Público en los interrogatorios que se practican en la audiencia de juzgamiento está encaminada a hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. La Corte Constitucional aclaró que esta intervención no está limitada temporalmente, sino por aspectos materiales, es decir, por la conexidad que tengan los temas sobre los que pregunta con aquellos que trató la Fiscalía. Con este argumento, revocó unos fallos de tutela proferidos por la Corte Suprema de Justicia y concedió el amparo a una representante del Ministerio Público que había intervenido extensamente en un juicio oral que versaba sobre conductas de “limpieza social” que realizaban las “Águilas Negras” en Ciudad Bolívar. Para el alto tribunal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una vía de hecho cuando accedió a la solicitud de nulidad de una prueba testimonial bajo el argumento de que la procuradora delegada había vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa de los procesados (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).