La Ley 1395 del 2010 (Ley de Descongestión Judicial) aumentó la cuantía para determinar el interés de recurrir en casación laboral de 120 a 220 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero la Sentencia C-372 del 2011 declaró inexequible ese incremento en la cuantía. La Corte Suprema de Justicia precisó que como este fallo no fijó efectos retroactivos a la inconstitucionalidad, el interés jurídico para recurrir las sentencias proferidas en vigencia de la Ley 1395 y antes de la sentencia sigue siendo de 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De esta forma, la Sala Laboral inadmitió un recurso de casación que había sido concedido con fundamento en que el aumento de la cuantía había sido declarado inexequible (M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas).