Inculpar a integrantes de comunidades indígenas por conductas lícitas en su cultura ancestral hace responsable al Estado, pues esa actuación desconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación y constituye un incumplimiento de los compromisos internacionales que prohíben los tratos crueles y la discriminación racial. Así lo afirmó el Consejo de Estado al declarar responsable al Estado por la captura y privación de la libertad de un integrante del pueblo indígena Páez por recoger hojas de coca, sin garantizarle una defensa técnica y bajo condiciones de reclusión contrarias a la dignidad humana. El Consejo explicó que el detenido obró con la convicción invencible de que la recolección de hoja de coca era una actividad lícita en el marco de su cosmovisión, toda vez que el consumo de hoja de coca y, por tanto, su recolección forman parte de las costumbres indígenas. Por ello, concluyó que las circunstancias no solo hacían exigible su absolución, sino que excluían la configuración del hecho de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad de la administración. La corporación ordenó medidas de reparación integral, entre ellas un acto público de desagravio (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo).