Un fallo reciente de la Corte Constitucional concluye que las exigencias de ciertas calidades dentro de un proceso de selección de cargos públicos, como lo es, por ejemplo, la estatura mínima pueden ser razonables, legítimas y pertinentes, siempre que exista un fundamento científico o médico que acredite dicha posibilidad. No obstante, pueden ser cuestionables los requisitos requeridos cuando se encuentren en contravía del orden constitucional. En efecto, para que un criterio de selección no resulte ser inconstitucional debe, como mínimo, ser: (i) razonable, donde no implique discriminaciones injustificadas entre las personas; (ii) proporcional a los fines para los cuales se establece y (iii) necesario, en la que se justifique la relación que existe entre la aptitud física y el desarrollo de las funciones propias del cargo (M. P. Antonio José Lizarazo).