El Consejo de Estado señaló que en un Estado social de derecho, la igualdad frente a la ley puede invocarse para reclamar que esta se aplique de la misma forma a todos sus destinatarios, pero en ningún caso para reclamar que las autoridades prodiguen un trato igualmente ilegal para todos. De esta forma, la corporación desestimó la argumentación de quien le fue suspendida y demolida una obra sobre un predio de su propiedad, pues no pretendía la aplicación de las normas urbanísticas en igualdad de condiciones a todos sus destinatarios, sino que se dejaran de aplicar a todos aquellos que las infringían (C.P. María Claudia Rojas Lasso).