Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-742 del 2015, determinó la constitucionalidad del Decreto 1977 del 2015, por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 2015 y se dicta una medida temporal y excepcional para los puertos carboníferos concesionados de servicio privado. Según el concepto de la Sala, la medida pretende superar el deterioro del comercio y las dificultades para el transporte del carbón desde los municipios cobijados por la medida excepción; por esto, consideró que existía conexidad con la situación de emergencia generada por el cierre unilateral de la frontera. Así mismo, concluyó que estas disposiciones cumplen con los requisitos de ausencia de arbitrariedad, intangibilidad, necesidad, incompatibilidad y proporcionalidad exigidas de las medidas de emergencia por el ordenamiento jurídico superior (M.P. María Victoria Calle).