Los establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas de la competencia en materiales educativos, tales como útiles, uniformes y textos escolares, así como exigir proveedores, marcas específicas o establecer mecanismos que de cualquier manera impidan la concurrencia de múltiples proveedores, indicó el Ministerio de Educación. De esta manera, las familias pueden escoger en el mercado lo que mejor se adecúe a su economía y presupuesto, cumpliendo los requerimientos y estándares básicos entregados por la institución educativa. No obstante, aclaró, la falta de uniforme por razones económicas no puede impedir la participación en actividades académicas.