A través de reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional reafirmó la constitucionalidad de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general a los servidores públicos de elección popular por la comisión de faltas disciplinarias. Entonces, se declaró exequible la expresión “elección”, contenida en el artículo 45 de la Ley 734 del 2002 y el artículo 49 de la Ley 1952 del 2019 (M. P. Carlos Bernal).