Al confirmar una condena por acoso sexual contra un fiscal que usaba su cargo para abusar de mujeres humildes que acudían a su despacho buscando ayuda, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó la importancia de aplicar el derecho a la igualdad e introducir un enfoque diferencial para disminuir situaciones de violencia frente a grupos desprotegidos y débiles. Lo anterior con el fin de romper los patrones socio culturales de carácter machista en el ejercicio de los roles de hombre-mujer que, en principio, son desiguales. De igual forma recordó que la violencia contra la mujer puede consistir en cualquier acción, omisión, coacción o privación que cause daño en la vida, integridad física, sicológica, sexual o cualquier tipo de perjuicio, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento y en el ámbito público o privado. De tal manera, concluyó que la violencia de género es un concepto amplio que abarca una multitud de comportamientos alejados del tipo afectivo, en que predomina el sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre. Sumado a ello precisó, en relación con los deberes que tiene la administración de justicia frente a las mujeres víctimas de estas conductas, que la Corte Constitucional introdujo varios deberes y reglas para analizar los casos que involucren actos discriminatorios. Conozca estas precisiones y el caso concreto en el texto adjunto (M. P. Hugo Quintero Bernate).