Un fallo de tutela de la Corte Constitucional negó la solicitud de un ciudadano recluido en un centro carcelario para que se le permitiera someterse a esta práctica. En la sentencia, la corporación aclaró deberá acreditarse que la enfermedad sea calificada por un experto como terminal y debe producir intenso dolor y sufrimiento; además, que el consentimiento de la persona que solicita la muerte asistida sea libre, informado e inequívoco y que se atiendan ciertos criterios a la hora practicar procedimientos cuyo propósito sea el de garantizar el derecho fundamental a la muerte. Al respecto, el alto tribunal enfatizó que no basta con el mero señalamiento que haga el demandante en ese sentido para que se den por cumplidos los requisitos, pues la calificación médica resulta indispensable para determinar si la prolongación de la vida del demandante, pese a no desearlo, implica un trato cruel e inhumano que anula su dignidad y autonomía, y del mismo modo descartar un uso indebido de dicha garantía constitucional (M. P. Luis Ernesto Vargas).