La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó los requisitos esenciales (daño antijurídico) para que se encuentre demostrada la responsabilidad estatal en las circunstancias de desplazamiento forzado. Según lo enumeró la sentencia, deberá acreditarse: i) la coacción que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); ii) la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal) y iii) la existencia de hechos determinantes como: conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada; violaciones masivas de los derechos humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público, concluyó. El alto tribunal reiteró que el análisis de responsabilidad debe hacerse bajo la óptica de la falla del servicio, bien sea por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales (C. P. Jaime Orlando Santofimio).