Estos serían los mecanismos para fomentar la educación de mujeres cabeza de familia y víctimas del conflicto (3:05 p.m.)

Ante la Cámara de Representantes fue presentado un proyecto de ley que promovería la atención de las mujeres cabeza de familia que hayan quedado viudas o abandonadas por razón del secuestro, toma de rehenes o desaparición forzada de sus esposos o compañeros permanentes generada por los grupos armados al margen de la ley. Así pues, las mujeres y los hijos de ellas que demuestren carecer de las condiciones económicas para su formación tendrán derecho a que el Gobierno garantice su acceso gratuito a todos los niveles de educación formal indicados en las leyes 115 de 1994 y 1448 del 2011, así como a la educación técnica, tecnológica y universitaria o a la educación para el trabajo y el desarrollo humano a que se refiere la Ley 1064 del 2006. Para lograr lo anterior, el Ministerio de Educación (Mineducación) se comprometerá a tomar las medidas necesarias y a adoptar los métodos de manera progresiva que hagan efectivo este derecho. Mineducación garantizará que en las zonas rurales se utilice la infraestructura educativa del Estado para adelantar los programas de educación básica y media de las mujeres cabeza de familia, las cuales serán desarrolladas en jornada contraria a la escolar, de acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales y podrá convenir con las instituciones que establezcan programas en el mismo sentido para que las madres cabeza de familia tengan el acceso a ellos. Tratándose de educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de selección, admisión, matrícula o el método necesario que posibilite que las víctimas en los términos de la presente ley puedan acceder gratuitamente a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, especialmente a mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a sus hijos, adolescentes y población en condición de discapacidad.