Tras analizar una demanda promovida en contra del término de 20 días para resolver la impugnación de una tutela, previsto en el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional encontró que el mismo es proporcional y razonable. Lo anterior, agrega la decisión, teniendo en cuenta el amplio margen de configuración del legislador y dicho periodo le confiere al juez que resuelve la segunda instancia un término prudente para decretar nuevas pruebas y valorar con detenimiento las razones de la impugnación (M. P. Carlos Bernal Pulido).