Un fallo de tutela de la Corte Constitucional advierte que cuando una autoridad territorial adelanta políticas, programas y medidas de recuperación del espacio público pero no contempla los mecanismos para contrarrestar sus efectos negativos en los vendedores informales vulnera garantías fundamentales, desconociendo con ello que los vendedores informales han sido considerados por esta misma corporación judicial como población en situación de vulnerabilidad a quienes el Estado debe brindar un trato digno y especial. Lo anterior, concluye el fallo, en atención a su situación y en aras de evitar que su estado de marginación social se torne cada vez más grave y se les impida el goce efectivo de sus derechos fundamentales (M. P. Alberto Rojas Ríos).