Un fallo de la Corte Constitucional descartó la improcedencia de una acción de tutela por tratarse de un caso en el que el objeto de protección eran exclusivamente derechos colectivos. El alto tribunal reiteró que el examen de procedencia de un amparo deber partir necesariamente de la identificación del derecho vulnerado, y solo una vez superado dicho requisito cabe realizar el control respecto del cumplimiento de los requisitos de legitimación, subsidiariedad e inmediatez. En otras palabras, la regla general de procedencia de este tipo de acción debe partir de la comprobación efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes (M. P. Luis Guillermo Guerrero).