Ayer martes, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley que pedía convocar a un referendo para implantar la cadena perpetua para abusadores de menores de edad. Aunque la autora de la propuesta insistirá con el tema, vale la pena conocer las observaciones que hizo la Comisión asesora para el diseño de la política criminal del Estado. Inicialmente, esta instancia manifestó que la iniciativa era inconstitucional, porque transgredía principios del Estado de derecho como los de igualdad, proporcionalidad y gradualidad de las penas, entre otros. También acusó al proyecto de no tener argumentos serios de política criminal, sino referencias generales sobre los efectos de la medida. Resumiendo, los integrantes de la comisión calificaron el proyecto archivado como una forma de demagogia punitiva.