De acuerdo con la Corte Constitucional, en las disposiciones que en la actualidad existen en el ordenamiento jurídico colombiano para proteger el derecho a la educación de las personas en condición de discapacidad se encuentran aquellas que obligan a los establecimientos educativos a garantizar la permanencia de este grupo poblacional en programas académicos y en cursos electivos. En ese sentido, recordó que el cumplimiento de ese objetivo requiere tener en cuenta lo siguiente: (i) identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho a una educación de calidad a personas con necesidades educativas especiales; (ii) ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del índice existente y con base en los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional establezca sobre el tema y, por último; (iii) adaptar los currículos y las prácticas didácticas, metodológicas y pedagógicas que desarrollen los centros educativos para incluir, efectivamente, a todas las personas con discapacidad. Lo anterior sirvió de fundamento para que la corporación concediera la protección del derecho fundamental a la educación inclusiva y a la igualdad de una estudiante con problemas cognitivos que, sin ninguna explicación, perdió el cupo en una institución distrital (M. P. Alberto Rojas).