Un ciudadano interpuso una tutela en contra de una resolución de la Policía Nacional que dispuso su retiro por disminución de la capacidad sicofísica, así como el acta que lo declaró como no apto para la actividad policial y no recomendó su reubicación laboral. Al respecto, la Corte concluyó que la solicitud es improcedente, toda vez que el actor contaba con el recurso judicial ordinario que, en el caso concreto, es eficaz para proteger sus derechos fundamentales y para examinar la conformidad de los actos administrativos demandados con el ordenamiento jurídico. Finalmente, el alto tribunal recordó que, tratándose de la relación laboral de trabajadores en situación de discapacidad, la jurisprudencia constitucional ha indicado que una medida que garantiza su derecho a la igualdad es la reubicación laboral (M. P. Carlos Bernal Pulido).