De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, el aparte del Acto Legislativo 01 del 2015 según el cual las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública dentro de un conflicto armado serán investigadas y juzgadas por el derecho internacional humanitario (DIH) impone a los jueces y fiscales, de forma exclusiva y excluyente, y con claro desconocimiento de la autonomía judicial, aplicar para el juzgamiento de militares y policías las normas y principios del DIH, lo cual implicaría la inaplicabilidad del derecho de los derechos humanos; esta situación, explica, también contraría el objetivo estatal de proteger los derechos humanos, con independencia de la existencia o no de un conflicto armado. De otro lado, según lo expone la demanda, la reforma vulnera gravemente el principio constitucional de igualdad, pues establece un trato diferenciado a un grupo de servidores públicos que ostentan el monopolio de la coacción estatal. En otras palabras, aseguró, es un privilegio otorgado, única y exclusivamente, a los miembros de la Fuerza Pública, que no resulta objetivo, ni razonable, pues no son aquellos los únicos que cometen actos punibles en el marco de un conflicto armado que amerite recibir el trato diferente.