El Consejo Superior de la Judicatura señaló que el juez constitucional no puede requerir de la justificación de un perjuicio irremediable para reconocer la transgresión de un derecho de aplicación inmediata como el derecho de petición. El pronunciamiento lo hizo al tutelar los derechos fundamentales de petición y debido proceso de un militar retirado y ordenar al Ejército dar respuesta inmediata sobre las prestaciones sociales que supuestamente no habrían sido canceladas. En primera instancia, la tutela fue conocida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y fue declarada improcedente porque el accionante no demostró que el Ejército estuviera causándole un perjuicio irremediable al actor (M. P. Julia Emma Garzón de Gómez).