El Consejo de Estado indicó que tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991 las entidades territoriales no tienen competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. De esa forma, la Sección Segunda decidió inaplicar varias ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia, pues establecían una prestación llamada “prima de vida cara” a favor de los trabajadores del departamento. En el fallo, la corporación no reconoció la prestación a varios trabajadores que la reclamaban, por cuanto se trataba de derechos cuyo fundamento era inconstitucional e ilegal (C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez).