Aunque la Contraloría General de la República es un ente autónomo que ejerce la función pública de control fiscal, no es una ínsula de la organización estatal. En esa medida, su autonomía administrativa y presupuestal debe ejercerse en concordancia con la ley orgánica del presupuesto. Esta fue la conclusión a la que llegó el Consejo de Estado al negar la nulidad de los artículos 1° y 2° del Decreto 1086 de 1997, en los que se somete a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos u obligaciones a través de contratos de prestación de servicios. Según la Sección Tercera, el Gobierno puede reducir o aplazar las apropiaciones por motivos de prudencia fiscal o por razones de orden macroeconómico por medio de esas condiciones especiales y ello no afecta la autonomía presupuestal de órganos autónomos como la Contraloría (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).