La Corte Suprema de Justicia advirtió, con fundamento en las leyes 1251 del 2008, 1306 y 1346 del 2009, que es un deber del Estado garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor, así como proteger y restablecer esas garantías cuando han sido vulneradas. El pronunciamiento lo hizo al conocer el caso de quien había presentado una solicitud de pensión ante Cajanal E.I.C.E. y no había sido respondida. La entidad se escudó en que el orden de turnos que utiliza para responder y el estado de cosas inconstitucional hacía imposible resolver el reconocimiento de pensión. A juicio del alto tribunal, estas razones no impedían el pronunciamiento sobre dicha solicitud (M.P. Edgardo Villamil Portilla).