Un fallo reciente de la Corte Constitucional concluye que el hecho de tener una discapacidad, incluso si se trata de carácter cognitivo o sicosocial, no constituye una razón que, por sí sola, justifique la posibilidad de aceptar la agencia oficiosa en materia de la tutela, circunstancia por la cual se deberán determinar en cada caso concreto las situaciones particulares que materialicen la imposibilidad de la persona de actuar directamente por vía de esta acción (M. P. Luis Guillermo Guerrero).