Teniendo en cuenta que las personas jurídicas también son titulares de derechos fundamentales que pueden ser protegidos por medio de tutela cuando estos sean vulnerados o amenazados, el Director de Jurisdicción Coactiva, en nombre de la persona jurídica Contraloría General de la República, objeto de derechos fundamentales, está legitimado para interponer acciones de tutela dentro de lo de su competencia. Así las cosas, en los asuntos que tengan una relación directa con la materialización de la pretensión coactiva, el funcionario ejecutor prevalido de la prerrogativa de cobro puede acudir a las instancias necesarias en procura de la satisfacción del crédito fiscal y, por contera, el resarcimiento del erario.