El principio de buena fe tiene dos manifestaciones: el respeto por el acto propio y la confianza legítima, que previenen a los particulares y a las autoridades para mantener una coherencia en sus actuaciones. Así lo recordó la Corte Constitucional al señalar que el desconocimiento del principio de buena fe en la dimensión del respeto por el acto propio vulnera el derecho al debido proceso, toda vez que se dejan de aplicar las reglas de juego previamente establecidas. En ese sentido, reiteró que no se pueden revocar o inaplicar unilateralmente actos administrativos que han creado o modificado una situación jurídica particular y concreta, a menos que medie el consentimiento expreso del titular o que esta haya sido declarada nula a través de la acción de lesividad. En el fallo se indicó que en estos casos la acción de tutela es el medio idóneo y eficaz, pues exigir al administrado acudir a la jurisdicción contencioso administrativa resulta injusto y desproporcionado (M.P. Jorge Iván Palacio).