Cuando las autoridades competentes estudien proyectos de explotación de  recursos naturales para otorgar las respectivas licencias ambientales deben tener en cuenta, a efectos de establecer el área de influencia directa y de afectación a las comunidades indígenas ubicadas en la zona y la procedencia de la consulta previa, además del territorio reconocido bajo la figura del resguardo, todo aquello que consideren sagrado y de vital importancia ecológica, social y económica para la población, concluyó recientemente la Corte Constitucional. Lo anterior con el fin de proteger a dichos pueblos los derechos fundamentales reconocidos a la libre determinación, autonomía, participación y consulta previa (M. P. Aquiles Arrieta).