Fue demandado ante la Corte Constitucional el ‘Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales’, así como el inciso segundo del artículo 200 del Código Penal, por vulnerar varios artículos de la Constitución relacionados con reserva de ley y garantías laborales. En efecto, el demandante estima que: (i) el plan de acción no se trata del desarrollo directo de un tratado previamente ratificado por Colombia; (ii) no busca dar cumplimiento a cláusulas sustantivas de un tratado vigente (sino que crea nuevas obligaciones); (iii) implica la asunción de compromisos adicionales a los estipulados en tratados preexistentes y (iv) compromete a Colombia en asuntos sometidos a reserva de ley, como la reforma al Código Penal en cuanto al régimen de las cooperativas de trabajo asociado y la justicia penal. Por todo lo anterior, solicita al órgano constitucional ordenar la inaplicación del referido plan hasta tanto se surta el procedimiento de ratificación interno de tratados y declarar inexequible el tipo penal ya referido (demandante: Mauricio Pava Lugo).