Dos ciudadanos presentaron una demanda por considerar que se configura una omisión legislativa relativa en las normas contempladas en el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo 141 del Código General del Proceso, que regulan los impedimentos y las recusaciones. Los accionantes argumentan que se transgreden los derechos de los artículos 2°, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, al no estar determinada como causal de impedimento o recusación que un conjuez pueda juzgar a quien es o ha sido su contraparte en otro proceso. De igual modo, se evidencia en el caso que un abogado ejerza su profesión litigando y posteriormente ingrese al servicio judicial a administrar justicia y proceda a juzgar a quien fue su parte contraria. Finalmente, afirmaron que esta omisión contradice toda lógica fáctica y jurídica y puede conducir a configurar un conflicto de intereses.