Algunas disposiciones de las leyes 1682 del 2013 y 1742 del 2014, relacionadas con la adquisición y expropiación de bienes para desarrollar proyectos de infraestructura de transporte, fueron demandadas por la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad y propiedad privada, entre otros. Una de esas normas establece que la notificación de la oferta en ese contexto se hará solo al titular de derechos reales registrado en el folio de matrícula inmobiliaria o al poseedor regular inscrito, excluyendo a los que no lo están y desconociendo los derechos adquiridos de estos, expone el documento (Demandante: Martha Liliana Jaimes).