La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “particulares”, contenida en el título de la Ley 52 de 1975, que hace referencia a la clase de trabajadores a los que se les reconocen los intereses anuales de las cesantías. Según el demandante, había una manifiesta diferencia de trato. La sala explicó que la diferencia entre la forma como se liquidan los intereses de las cesantías de los trabajadores particulares y los de los docentes que trabajan con el Estado no surge del título de la norma, sino del contenido de la misma. En la decisión, el alto tribunal reiteró que el título de una ley puede ser objeto de control constitucional, cuando el legislador desconoce alguna de las funciones que la Constitución y la jurisprudencia le han reconocido (M. P. María Victoria Calle Correa).