Al resolver una a?cción de tutela interpuesta por un miembro de las Farc condenado por la justicia indígena por el homicidio de un sabio ancestral de la comunidad, mediante la cual solicitaba la aplicación del Acuerdo Final para la Paz y, por ende, su traslado a una zona veredal transitoria de normalización mientras la jurisdicción especial para la paz (JEP) asumía el conocimiento de su caso, la Corte Constitucional realizó importantes precisiones sobre la delimitación de competencia entre distintas jurisdicciones. En efecto, después de aclarar algunos aspectos sobre la posibilidad de las autoridades ancestrales para darse su propio funcionamiento y la importancia de la justicia transicional en Colombia, indicó que si bien la intromisión en el funcionamiento de la justicia indígena podría considerarse inadecuada, en el caso concreto la JEP sí puede asumir competencia para analizar la viabilidad de otorgar al accionante alguno de los tratamientos penales diferenciados y así respetar el principio de favorabilidad que le asiste, por cuanto podría tratarse de uno de los beneficiados del acuerdo (M. P. Alberto Rojas Ríos).