La Corte Constitucional informó que fue declarada exequible la disposición del Código de Procedimiento Penal que exige a quien presente elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia demostrar su autenticidad (artículo 277 parcial de la Ley 906 del 2004). La Procuraduría consideraba que su aplicación debía ser condicionada a que se entendiera que no implicaba una excepción del deber de cadena de custodia en aquellos medios de convicción sometidos a este tipo de protección sino una garantía del debido proceso en relación con las pruebas exentas del mecanismo.