Un pronunciamiento de la Corte, desencadenado ante un conflicto en la jurisdicción de familia por la negativa de un juez de fijar alimentos a un cónyuge condenado por violencia intrafamiliar, recoge los criterios mínimos que los juzgadores deberán analizar con relevancia cuando se presenten escenarios de difícil actividad probatoria. Para el alto tribunal, el Estado colombiano, en su conjunto, incluidos los jueces, están en la obligación de eliminar cualquier forma de discriminación en contra de la mujer. Por esa razón, entonces, es obligatorio para los jueces incorporar criterios de género al solucionar sus casos. La providencia reseñó que se debe, entre otras, desplegar toda actividad investigativa para garantizar los derechos de las mujeres, no tomar decisiones con base en estereotipos de género, evitar la revictimización de la mujer y flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación. En criterio del máximo juez constitucional, los jueces, además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación. Para evitarlo la doctrina internacional y constitucional ha desarrollado una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer (M. P. Luis Ernesto Vargas).