La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se declaró inhibida para abrir investigación en contra de 13 congresistas que como miembros de la comisión de conciliación participaron en los debates para la aprobación del referendo que permitiría la segunda reelección presidencial, sin haberse declarado impedidos. Los argumentos de la denuncia, presentada por Rafael Pardo, señalaban que estos congresistas debían declararse impedidos por estar investigados debido a irregularidades en el trámite del proyecto de referendo. La sala aclaró que de la participación como miembros de la comisión de conciliación no deriva un beneficio particular, personal, familiar, claro y directo (M.P. José Luis Barceló Camacho).