Por medio de una sentencia, la Corte Constitucional se declaró inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra el plan de acción de Colombia y Estados Unidos para derechos laborales, al no estar satisfechas las razones de la competencia. De igual forma dispuso estarse a lo resuelto en la Sentencia C-571 del 2012, en relación con el cargo por violación del principio de unidad de materia contra el inciso 2º del artículo 200 (parcial) del Código Penal y declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo por todos los cargos examinados. La disposición del Código Penal establece la violación de los derechos de reunión y asociación y el aparte atacado precisa que: “En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa”. Con base en el examen de aptitud realizado, el alto tribunal señaló que los reproches formulados no contienen los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad, pues las razones expuestas del demandante no logran despertar una mínima duda sobre la conformidad con la Carta Política del aparte acusado del Código Penal, entre otros argumentos (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).