Al conceder parcialmente una tutela interpuesta por la propietaria de un negocio dedicado a la prostitución en Norte de Santander, la Corte Constitucional determinó que, para poder funcionar, estos sitios deben cumplir con los requisitos exigidos por la ley, específicamente de las normas que versan sobre establecimientos de comercio de alto impacto. Igualmente, la Sala Sexta de Revisión resaltó que existe la obligación de garantizar estos derechos y el Estado debe vigilar que no se generen condiciones de explotación, motivo por el cual solicitó a Migración Colombia y a la Defensoría del Pueblo que atiendan la situación de las mujeres venezolanas que vienen a ejercer la prostitución en el país, con el fin de protegerlas frente a la trata de personas y hacer prevalecer los derechos humanos de los migrantes. Por otro lado, exhortó, nuevamente, al Ministerio de Trabajo a que elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual (M. P. Jorge Iván Palacio).