Fue admitida una demanda de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley 1801 del 2016 (Código Nacional de Policía), relacionadas con su objeto, los comportamientos vinculados con la actividad económica y sus respectivas sanciones, así como las conductas correlativas al no pago de multas. De igual forma, se atacan por inconstitucionales las disposiciones relacionadas con el Registro nacional de medidas correctivas. Considera el accionante que el deber de las autoridades de Policía Nacional no se circunscribe o limita simplemente a hacer cumplir coercitivamente las disposiciones contenidas en las leyes, mediante la aplicación de medidas correctivas contenidas en el Código de Policía, sino que sus deberes constitucionales se relacionan con la protección a los residentes en el territorio nacional, sean estos nacionales o extranjeros, para que puedan ejercer con plena libertad sus derechos, razón por la cual la Constitución establece como uno de los fines esenciales del Estado proteger a la ciudadanía en su vida, honra y bienes. Finalmente, reitera que la Corte Constitucional, en Sentencia C-024 de 1994, manifestó que “la preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades ciudadanas” (demandante: Juan Pablo Cardona González).