El principio de la sostenibilidad fiscal constituye un instrumento para alcanzar progresivamente las finalidades del Estado y, por lo tanto, no implica una sustitución de la Constitución Política, señaló la Corte Constitucional al declarar exequible el Acto Legislativo 03 del 2011. El alto tribunal explicó que la reforma constitucional solo afectó lo referente a las reglas constitucionales sobre intervención del Estado en la economía y las definiciones del plan nacional de desarrollo y el plan de inversiones contenido en el presupuesto general de la Nación, lo que, según la jurisprudencia, es solo un aspecto instrumental y no son fines en sí mismos, por lo que no alteran “la base dogmática de la Constitución”. La Sala señaló que la sostenibilidad fiscal no es un fin constitucional en sí mismo, sino apenas un medio para conseguir los objetivos esenciales del Estado. Finalmente, se explicó que el incidente de sostenibilidad ante las altas cortes, por razón del impacto de las sentencias, no desvirtúa la separación de poderes, pues la posibilidad de modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias de las cortes tiene carácter potestativo. El magistrado Humberto Sierra salvó su voto y los magistrados Mauricio González y Nilson Pinilla aclararon el suyo (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).