La afectación de la efectividad de la acción popular, por la derogatoria del incentivo a los actores populares, debido a que ya no habría motivación para demandar, no constituye una confrontación entre la Ley 1425 del 2010, que derogó el incentivo, y el contenido de la Constitución Política. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar exequible la norma, demandada por supuesta violación del principio de eficacia. En el pronunciamiento, el alto tribunal señaló que no es cierto, como lo afirma la Procuraduría, que los incentivos se encuentren vigentes, pues la derogatoria se aplica tácitamente a las normas que sean contrarias a la ley (M. P. Luis Ernesto Vargas).