La Corte Constitucional recordó que el retiro forzoso a la edad de 65 años como causal de desvinculación del servicio público busca que el Estado redistribuya y renueve los empleos públicos, con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a estos, en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. Por esta razón y porque la restricción es compensada con el derecho que adquieren los desvinculados al disfrute de la respectiva pensión de jubilación, la edad de retiro forzoso no vulnera el mínimo vital. La corte no tuteló los derechos de una persona de la tercera edad, pues, a su juicio, no existía un perjuicio irremediable económicamente. Además, aclaró que la familia es la llamada, en primer lugar, a proteger a las personas de la tercera edad (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).