El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió que la Corte Constitucional pretende limitar las competencias constitucionales y legales del procurador. El señalamiento lo hizo luego de conocer el Auto 038 del 2012, mediante el cual la Corte negó la solicitud de nulidad de la sentencia que elevó a derecho fundamental la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos autorizados por la jurisprudencia (Sentencia T-585 del 2010). Según Ordóñez, la Corte rechazó que el juez involucrado en el caso haya dejado conocer a la Procuraduría el expediente de tutela de la decisión cuya nulidad se solicitó. El jefe del Ministerio Público considera que se desconoce el artículo 284 de la Constitución, referente a que la información solicitada por esta entidad no está sometida a reserva alguna.