La Corte Constitucional publicó el texto del fallo que declaró exequibles varias disposiciones contenidas en la Ley 1394 del 2010, con las que se establece el cobro del arancel judicial para determinados procesos y bajo ciertas condiciones. Según el alto tribunal, este gravamen persigue un fin constitucionalmente legítimo, pues busca contribuir a mejorar el funcionamiento del aparato judicial, que padece problemas crónicos. De otra parte, afirmó que el arancel presenta un margen de aplicación bastante reducido, dado que solo se causa sobre los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).