Un fallo reciente de la Corte Constitucional advierte que si bien la Corte Constitucional es competente para declarar la existencia de una omisión legislativa relativa, dicha facultad se encuentra restringida al desarrollo de un proceso originado en una acción pública de inconstitucionalidad, según lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991, y no a través de la revisión de un fallo de tutela que se centra en el examen de situaciones concretas, tal como lo pretendía un ciudadano en el caso concreto objeto de estudio (M. P. Luis Guillermo Guerrero).