Al tramitar la impugnación de una acción de tutela que buscaba la protección de los derechos al pago oportuno de la pensión legal, a la vida digna y al mínimo vital, entre otros, el Consejo Superior de la Judicatura acogió los lineamientos trazado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la existencia de un perjuicio irremediable. Este se configura cuando se cumplen los requisitos de inminencia, urgencia y gravedad de los hechos que harían impostergable la tutela como mecanismo necesario para la inmediata protección de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados o amenazados (M.P. José Ovidio Claros).