El Consejo de Estado reiteró que la acción de nulidad por inconstitucionalidad procede contra actos administrativos de carácter general que no correspondan a la Corte Constitucional, si no son expedidos en ejercicio de la función administrativa, y que su confrontación se haga directamente con normas constitucionales, pues de lo contrario solo procede la acción de simple nulidad. Por tal razón, la Sección Primera consideró improcedente la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad y admitió la demanda de simple nulidad contra un aparte del Decreto 4747 del 2007, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de sus funciones administrativas, referente a la regulación de las relaciones entre prestadores de salud y las entidades responsables del pago de estos servicios (C. P. Rafael E. Ostau De Lafont).